Desde hace algunos años, en Perú se discute la llamada “constitucionalización” del Derecho, como producto de la (re)entrada en funciones del Tribunal Constitucional (en adelante, “TC”). En efecto, aproximadamente desde el año 2000, el TC ha expedido una serie de resoluciones que de algún modo han venido a refundar diversas áreas del Derecho peruano. En este ámbito, podemos encuadrar sentencias fijando prácticamente las normas relativas a la reposición de trabajadores[1]; unas fijando reglas del procedimiento administrativo[2] u otras estableciendo la razonabilidad de los plazos de detención, con gran impacto en el Derecho Penal[3].